Para vislumbrar al futuro de Venezuela, bien vale empezar en Arauquita, un remoto pueblo fronterizo colombiano de unos cinco mil habitantes. En mayo, miles de refugiados venezolanos harapientos, procedentes del vecino estado Apure, empezaron a llegar a Arauquita con desoladoras historias de bombardeos aéreos y registros casa por casa por parte de soldados venezolanos. Una mini-guerra había estallado en la región, donde se enfrentaba el ejército leal al presidente venezolano Nicolás Maduro con el Frente Décimo, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde marxista colombiano convertido en cártel del narcotráfico, que años antes había cruzado la frontera y se había apoderado de una parte de Apure.

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Las causas de los enfrentamientos siguen siendo inciertas: podrían haber procedido de una disputa sobre las ganancias de las rutas de contrabando de drogas del Décimo Frente. Pero el resultado del conflicto ha sido revelador y hasta impactante: es tan limitada la capacidad del Estado venezolano que no puede desalojar a los combatientes de las FARC. El Frente Décimo sigue siendo la autoridad de facto en la zona a pesar del despliegue de la potencia armada del gobierno de Maduro.

Las batallas en el estado Apure podrían ser un signo de lo que vendrá. El régimen venezolano no solo es una dictadura militar, sino también una empresa criminal. Más que un estado burocrático racional weberiano, lo que Maduro dirige es una confederación de cacicazgos delincuenciales donde desempeña el papel de capo di tutti capi (jefe de jefes). Por lo general, Maduro es capaz de arbitrar las disputas entre sus capitanes. Pero a veces, como en Apure, el sistema colapsa y estalla la violencia.

Los generales del ejército dirigen hoy la mayoría de los chanchullos. Ellos controlan todo, desde los bodegones de Caracas bien abastecidos —donde, con dólares estadounidenses, se pueden adquirir sin problemas todo tipo de bienes importados—, hasta los sectores mucho más turbios, como el sangriento comercio de coltán, un valioso mineral que abunda en las selvas del sur.  Los sindicatos criminales colombianos como el Décimo Frente de las FARC y el grupo guerrillero rival ELN, famoso por su brutalidad, operan en connivencia con funcionarios venezolanos y en otras ocasiones desafían a las autoridades. Otros negocios lucrativos han acabado en manos de civiles cercanos al régimen —dichos personajes han presidido el boom de la construcción de alta gama en zonas acomodadas de Caracas— o de bandas que, por ejemplo, gestionan el funcionamiento diario de las cárceles y obtienen cuantiosos beneficios mediante la despiadada extorsión de los reclusos.

Un Estado mafioso como Venezuela, en el día a día puede parecer estable, pero es intrínsecamente volátil, como bien saben los refugiados de Apure. Los grupos de reflexión y los diplomáticos de Washington siguen preguntándose cómo se puede empujar al régimen hacia la democracia, pero la verdadera pregunta con la que se enfrenta Venezuela en estos momentos es mucho más sombría: ¿La confederación de criminales que lidera Maduro seguirá lo bastante unida como para evitar un conflicto interno, o el futuro de Venezuela se parecerá mucho al presente de Apure, con bandas armadas que libran guerras territoriales y sumergen al país en una violencia anárquica?

Caracas: un espejismo

Los reportes sobre el caso venezolano normalmente no comienzan en Apure, sino en la capital, Caracas, que hoy en día ofrece una ilusión de normalidad. Las protestas callejeras masivas de hace unos pocos años han quedado atrás. También han pasado los días de confrontación política de alto riesgo entre el régimen de Maduro y la oposición política venezolana.

Los venezolanos están agotados y desesperanzados. Las manifestaciones, que se sucedieron desde 2002 hasta 2017, no lograron un cambio político tangible. Con sus esperanzas truncadas, muchos venezolanos miran al liderazgo de la oposición con profundo escepticismo y rabia. El desaliento ha impulsado una migración masiva. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha calculado que unos 5,4 millones de venezolanos, casi una quinta parte de la población, han abandonado el país en los últimos tiempos. Un estudio reciente ha revelado que la edad media de los emigrantes venezolanos es de 32 años: personas en la plenitud de su vida laboral, incluyendo por supuesto muchos de los jóvenes que hasta hace poco fueron la espina dorsal de los movimientos de protesta.

Casi una quinta parte de la población venezolana ha abandonado el país.

La oposición intentó de nuevo de hacerse con el poder en enero de 2019, cuando Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente después de que el gobierno de Maduro celebrara una votación presidencial burdamente amañada. El desafío de Guaidó electrizó a los venezolanos –y al mundo. Los Estados Unidos encabezó la carga, y el Departamento de Estado difundió enseguida su reconocimiento oficial a Guaidó como presidente interino. En total, sesenta países acabaron por reconocer su reivindicación, entre ellos la mayoría de las democracias ricas y casi toda América Latina.

La aceptación inmediata de Guaidó por los Estados Unidos se inscribe en un patrón más amplio de fanfarronadas contra el régimen de Maduro. Por más de un año, el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton adoptaron una dura postura diplomática respecto a Venezuela en la que subrayaban que “todas las opciones están sobre la mesa,” incluso una intervención militar.

Bajo la rúbrica de aplicar “máxima presión,” los Estados Unidos sancionó no solo a figuras del régimen, sino también a sectores económicos venezolanos clave. Así limitó la capacidad de Caracas para vender petróleo en el extranjero e intento restringir el acceso del régimen a las divisas que necesitaba desesperadamente. Las sanciones no destruyeron la economía venezolana —las propias políticas del régimen lo habían hecho ya, con una eficacia asombrosa, en las dos décadas anteriores—, sino que profundizaron el malestar económico del país e hicieron imposible una recuperación significativa.

Refugiados venezolanos asisten a un funeral en Araquita, Colombia, marzo del 2021
Refugiados venezolanos asisten a un funeral en Araquita, Colombia, marzo del 2021
Luisa Gonzalez / Reuters

Es revelador que la gran prioridad de los funcionarios del régimen venezolano, cuando se sientan a dialogar con los representantes de la comunidad internacional, es para que se levanten las sanciones individuales en su contra. Los jerarcas parecen preocuparse más por poder viajar y tener propiedades en todo el mundo que por el sufrimiento de los venezolanos de a pie. El año pasado los sacudió el anuncio de Estados Unidos ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por ayudar a aprehender a Maduro, a esa se sumaron otras recompensas multimillonarias por otras figuras del régimen y sus compinches.

Pero la retórica belicosa de Trump contra Maduro y su entorno no fue útil en Venezuela. Alimentó la susceptibilidad de la oposición venezolana al pensamiento mágico. Algunos radicales dentro de la oposición optaron por arengar a favor de una intervención militar de Estados Unidos. Estos demagogos reconocían, en privado, que las probabilidades de que se produjera una intervención estadounidense eran mínimas, pero eso no les impidió aprovecharse de la desesperación de sus seguidores.

El régimen de Maduro, por su parte, calculó correctamente que las fanfarronadas estadounidenses eran huecas. Se centró entonces en convertir los aspavientos de Estados Unidos en una valiosa oportunidad para hacer propaganda política. La televisión estatal venezolana se deleitó en transmitir las amenazas de Washington contra el régimen. Esto le permitió al gobierno de Maduro eludir la responsabilidad de los problemas económicos del país culpando de ellos al supuesto sabotaje de Estados Unidos.

La presión de Trump no sirvió para cambiar los hechos sobre el terreno. La esperada cascada de deserciones militares del régimen nunca se materializó. En cambio, el régimen esperó a que el apoyo para Guaidó se desgastara poco a poco, y siguió reprimiendo y encarcelando a sus seguidores.

Con el tiempo, las tácticas de represión de inspiración cubana utilizadas contra Guaidó y sus aliados fueron brutalmente eficaces. La confianza del pueblo en el gobierno interino de Guaidó se fue mermando poco a poco. El índice de aprobación de Guaidó cayó del 70 por ciento al comienzo de su desafío en 2019 a solo el 11 por ciento este enero. El régimen, por su parte, ya no ve a la oposición como una amenaza para su existencia. Más bien la ve como una condición crónica que hay que ir manejando, cuando no como un adversario fácilmente manipulable.

La mayor contracción económica de la historia en tiempos de paz

Para los venezolanos de a pie, la sobrevivencia del régimen es nada menos que una catástrofe. Una clase media que en su día fue grande y creciente casi ha desaparecido: hoy el 96 por cierto de los venezolanos está por debajo del umbral de la pobreza. El derrumbe de la economía es dramático, y el PIB per cápita se ha reducido a una cuarta parte de lo que era antes de que comenzara la crisis en 2013. Según algunas estimaciones, la economía venezolana se ha contraído desde el 2012 más que cualquier otra economía en tiempos de paz.

La implosión económica de Venezuela se debe principalmente a la destrucción de su industria petrolera, que durante más de un siglo había sido central en la estrategia económica del país. La producción de petróleo había ido descendiendo desde un máximo de 3,7 millones de barriles diarios en 1998 hasta 2,2 millones de barriles diarios en 2017. Pero la combinación de una subinversión crónica en exploración y mantenimiento, la pérdida de acceso a los mercados de crédito internacionales tras el impago soberano en 2017 y la imposición de sanciones estadounidenses a la industria petrolera ese mismo año, hicieron que el sector tocara fondo. Venezuela produce ahora apenas 700.000 barriles diarios, ni de lejos el nivel necesario para financiar las importaciones que el país necesita para sobrevivir.

Durante un tiempo, entre 2017 y 2018, el régimen pensó que podría capear las sanciones petroleras apoyándose en potencias extranjeras amigas. Los funcionarios venezolanos esperaban poder invitar a las empresas petroleras chinas y rusas a apuntalar la industria. Pero tras una larga y tortuosa serie de negociaciones, empresas tanto chinas como rusas rechazaron las ofertas para hacerse cargo de la gigantesca refinería de Amuay-Cardón (que tiene capacidad para producir un millón de barriles diarios). Hoy, Amuay-Cardón está inactiva. La escasez de gasolina se ha convertido en un hecho cotidiano para millones de venezolanos, que deben pasar hasta cuatro días en la cola esperando el escaso suministro de combustible para llenar sus depósitos. El gobierno concedió a empresas extranjeras lucrativas licencias para explotar campos petrolíferos abandonados y mal gestionados. Con el tiempo, una a una, estas empresas petroleras abandonaron el país, ya que la tarea de restablecer la producción resultó imposible. Venezuela sigue siendo, trágicamente, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta.

Para los venezolanos, la perseverancia del régimen es un catástrofe.

La escala del colapso económico la retrata su moneda. Tras la segunda racha de hiperinflación más larga registrada en el mundo (45 meses en condiciones hiperinflacionarias entre 2017 y 2021), el gobierno ha redenominado otra vez el bolívar, la endeble moneda de la nación. Es la tercera “reconversión” desde 2008. En total se le han quitado 14 ceros al bolívar, lo que significa que un billete de un bolívar en 2022 equivaldrá a 100 billones de bolívares de la cosecha de 2008.

Como el bolívar es cada vez menos útil, los venezolanos lo han abandonado, y optan por las transacciones en dólares estadounidenses; o en pesos colombianos o reales brasileños en las regiones adyacentes a esos países. Alrededor de dos tercios de las transacciones se realizan ahora en moneda extranjera. El giro hacia el dólar estadounidense ha contribuido a crear una ilusión de normalidad en zonas antes acomodadas de Caracas. Pero es un espejismo: una encuesta reciente ha demostrado que solo el 40 por ciento de los hogares reciben remesas en divisas de sus familiares en el extranjero. El otro 60 por ciento tiene que arreglarse con el bolívar. Los venezolanos se enfrentan a una crisis alimentaria continua, con tasas de desnutrición infantil que alcanzan el 36 por ciento, según la Organización Mundial de la Salud, y pocas perspectivas de alivio a corto plazo.

Esta estructura económica —un país dividido en dos entre los que tienen y los que no tienen acceso a divisas— recuerda a Cuba, que mantiene desde hace tiempo dos monedas paralelas: una convertible en divisas y una segunda prácticamente inútil. En Venezuela ha surgido una dinámica similar, los que tienen acceso a los dólares disfrutan de algo vagamente parecido a la vida en otros países y los que no tienen acceso se ven condenados a privaciones insondables. Pero es que la estructura del régimen de Venezuela también se asemeja al gobierno de Cuba, donde una élite militar depredadora saquea sin piedad cualquier fuente de divisas disponible y reprime violentamente a quienes se atreven a oponérsele.

Gente esperando para comprar comida y gasolina en San Cristobal, Venezuela, noviembre del 2018
Gente esperando para comprar comida y gasolina en San Cristobal, Venezuela, noviembre del 2018
Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

Cuba sigue siendo el aliado más fuerte y esencial de Maduro. La negativa de China y Rusia a acudir en su ayuda debe haber sido un duro despertar para él. Ambos países ven a una Venezuela hostil a Estados Unidos como una útil ficha geopolítica, y en el pasado han proporcionado cobertura diplomática y asistencia de seguridad al régimen. Pero ninguno de los dos está interesado en desperdiciar sus escasos recursos en lo que consideran (con razón) un saco roto en el Caribe. Otros aliados de Venezuela, como Irán y Turquía, han demostrado ser más útiles enviando cargamentos de gasolina y algunos productos finales, o “reciclando y lavando” oro venezolano. Pero cualquier alianza más amplia con estos dos gobiernos distantes es invariablemente limitada. Teherán y Ankara carecen de la capacidad y la voluntad de salvar a Caracas de su catástrofe económica.

Eso deja a Maduro con un último, verdadero e inquebrantable aliado: Cuba. La dictadura original de la izquierda latinoamericana ha tenido una relación tan estrecha con el régimen venezolano que la palabra “alianza” no le hace justicia. De hecho, Venezuela está bajo una especie de ocupación cubana furtiva. Maduro parece confiar más en los funcionarios cubanos que en los suyos propios: son cubanos —no venezolanos— los agentes de inteligencia trabajan en la sala situacional de su palacio presidencial, lo que significa que La Habana sabe más sobre lo que ocurre en Venezuela que la mayoría de los funcionarios venezolanos. Y Maduro parece priorizar las necesidades de Cuba por encima de las de Venezuela, como lo demuestra el hecho de que Venezuela haya seguido suministrando energía a Cuba durante toda esta crisis, incluso cuando sus propios conductores han visto cómo se secaban las gasolineras.

Venezuela como problema insoluble

¿Qué puede hacer el mundo —y Estados Unidos, en particular— ante esta situación tan lamentable? ¿Cómo se resuelve un problema como el de Venezuela?

El primer paso es comprender plenamente que la lógica política normal tiene poca relevancia cuando se trata de un Estado mafioso. La insistencia de la comunidad internacional en negociar la celebración de unas elecciones libres y justas, en particular, luce bien intencionada pero equivocada. La alternativa a mantenerse en el poder para muchos incondicionales del régimen —incluido Maduro, que está acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas— es una celda en la cárcel. El régimen no puede ni quiere ofrecer a la oposición la posibilidad de que lo deponga en las urnas.

Pero eso no significa que sea inmune a la presión exterior. Washington debe, en primer lugar, aceptar la debilidad de la oposición, que no es capaz, por el momento, de plantear un desafío realista al control del régimen sobre el poder. Estados Unidos, en cambio, debe insistir en la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades básicas de prensa y asociación, ofreciendo a cambio un alivio de las sanciones individuales. Para aumentar la eficacia de esta estrategia, Washington debe hacer un trabajo mucho mejor para lograr que democracias como Italia y España apliquen las sanciones contra las figuras del régimen: muchos asociados al régimen han encontrado refugio seguro no solo en las agradables villas y palacios italianos y españoles que se han comprado, sino también en los bancos e instituciones financieras de esos países.

La posición única de Cuba en Venezuela la convierte en un actor esencial en cualquier resolución futura. Ningún acuerdo de ningún tipo es imaginable sin la participación del régimen cubano. Es mucho más probable que la llave que abra la cerradura de la crisis venezolana se encuentre en La Habana que en Caracas. Mientras Cuba siga siendo una dictadura, probablemente Venezuela también lo será.

La lógica política normal tiene poca relevancia cuando se trata de un estado mafioso.

En última instancia, las democracias de todo el mundo —pero especialmente de América Latina— tienen interés en mantener a Venezuela unida, en paz y, al menos, lo suficientemente estable como para no exportar sus problemas. La guerra fronteriza en el estado Apure hace unos meses debería servir como otra advertencia de que no se puede dar nada por sentado. El socavamiento del Estado venezolano y su sustitución por una estructura de tipo mafioso aviva una inestabilidad crónica que podría desembocar en violencia generalizada.

Un posible futuro para el país sería ver a los caciques por debajo de Maduro cada vez más enfrentados entre sí, en riñas que desembocarían en verdaderos derramamientos de sangre. Por supuesto, Maduro y sus colaboradores cubanos harán lo que puedan para contener el caos, pero no es ni mucho menos un hecho que vayan a tener éxito. Este futuro se parece mucho al conflictivo siglo XIX en Venezuela, cuando un presidente nominal en Caracas controlaba poco más allá de la capital y las aduanas del país, mientras que una proliferación de caudillos regionales gobernaba a su antojo en las demás ciudades y pueblos. Este sistema nunca fue estable: a lo largo del siglo XIX, los caudillos se dedicaban cada tanto tiempo en organizar “montoneras” para asaltar la capital y tomar el poder. A veces tenían éxito, otras no, pero los resultados eran siempre sangrientos.

En un segundo escenario, Maduro mantendría su autoridad sobre sus subordinados al menos lo bastante como para evitar una lucha abierta entre ellos. Sin democracia, sin libertad política, sin acceso al capital global y sin capacidad de generar divisas, este es el camino hacia la verdadera cubanización de Venezuela: un régimen petrificado en el poder, construido sobre un sustrato de sufrimiento de su propio pueblo. La perspectiva es miserable.

Son escenarios tétricos y difíciles de tragar, pero tristemente hay pocas razones para esperar algo mejor. La esperanza de persuadir de algún modo a los criminales a cargo del régimen de precipitarse en su propia ruina es solo eso —una esperanza—, y ciertamente no una base adecuada para la acción diplomática. Tales esperanzas han distorsionado la formulación de políticas en Estados Unidos y en otros países durante demasiado tiempo. La realidad a la que se enfrenta Venezuela es funesta, pero se la debe tratar como la realidad que es.

Traducido por Sandra Caula

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  • MOISÉS NAÍM es Distinguished Fellow en el Carnegie Endowment for International Peace y Corresponsal Internacional Jefe en El País.
  • FRANCISCO TORO es Jefe de Contenido del Grupo de los 50, Fundador de Caracas Chronicles y Columnista de Opinión Global en el Washington Post.
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